Debemos apostar por el reparto del empleo y por crearlo desde lo público

El trabajo es la única herramienta que tiene la mayoría de la ciudadanía para poder tener unas mínimas condiciones de vida digna, y la falta del mismo es una auténtica desgracia para quien lo sufre.

En Euskadi, a finales de enero había 154.792 personas inscritas como demandantes de empleo en Lanbide, 4.775 más que en diciembre, a las que debemos sumar todas aquellas que aun necesitando empleo no constan oficialmente  como demandantes del mismo.

 

Junto a ello, en Euskadi vivimos una realidad en la que el empleo tiene unas condiciones cada vez más precarias: temporalidad, parcialidad involuntaria de jornada, contratos precarios, inseguridad, aumento de los accidentes laborales, incumplimiento de derechos y persecución de la reivindicación por la defensa de los mismos.

 

De hecho, según Lanbide, un 92,9% de los contratos firmados en 2016 fueron temporales. Un 39,93% a tiempo parcial, siendo las mujeres quienes más contratos a tiempo parcial suscriben, 51,28%.

 

El derecho al trabajo recogido en la declaración universal de los DDHH debe ser objetivo fundamental de las instituciones y de la acción del gobierno vasco.

 

Los últimos planes de empleo realizados por el Gobierno Vasco (Plan de reactivación del Empleo 2013 y Plan de Empleo 2014-2016), así como los anteriores no han transformado esta realidad por lo que se hace necesario en nuestra opinión un análisis en profundidad de dichos planes y una nueva política de empleo basada en un sector público potente, el reparto del empleo existente y el apoyo a la pequeñas empresas y autónomos. No nos conformamos con la manida frase de “fomento del Empleo”, no es suficiente para la grave situación que sufrimos en el mundo del trabajo.

Hoy, debatimos una proposición del Partido Popular para que este Parlamento debata y apruebe un “Plan interinstitucional de empleo con actuaciones concretas de fomento del empleo, especialmente estable, con medidas específicas para colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral: jóvenes, mujeres y personas en situación de desempleo de larga duración, priorizando a los mayores de 45 años.”

Francamente, desde nuestro punto de vista, toda una contradicción, ya que quien hoy manifiesta en esta Cámara tanta preocupación por el empleo estable y por determinados colectivos ya mencionados, es precisamente el partido que ha aprobado la mayoría de las reformas que han provocado y acentuado la actual precariedad y temporalidad; responsable de la desaparición de muchos convenios colectivos; responsable de que la juventud tenga que emigrar para trabajar, (igual que hicieron sus abuelos o incluso sus padres).

La verdad es que desde nuestro grupo no compartimos la justificación que hace el grupo proponente para plantear esta iniciativa.

 

Señalan en la misma que “Pese a la recuperación del crecimiento de los dos últimos años en España y de la creación de empleo, los vascos seguimos a remolque del crecimiento en España”

 

Parece mentira que ni siquiera se sonrojen ante semejante información, no tanto por la pelea esta de Euskadi o España sino por la grave situación social en la que nos encontramos fruto de esta crisis-estafa que ha provocado la oligarquía capitalista y que ha sido acompañada por las medidas políticas del PP. El resultado es la situación actual:

 

– profundización de la desigualdad social hasta límites sangrantes

– cronificación de la pobreza

 

Hemos sufrido una pérdida de derechos individuales y colectivos, unas terribles Reformas laborales primero por parte del PSOE y luego por parte del PP (que han aplaudido patronales vascas y españolas, aquí no hay distinción de patrias,…), y Leyes Mordazas que se han aplicado a sindicalistas, tanto aquí como en el conjunto del Estado.

 

Se ha criminalizado y enjuicidado a cientos de trabajadoras y trabajadores por defender sus derechos en los últimos años. Se ha perseguido un derecho fundamental como es el derecho de huelga. Cientos de compañeros sindicalistas siguen encausados por su participación en las huelgas generales de 2010 y 2012.

 

Aprovecho para pedirles que sugieran a Rajoy la derogación del artículo 315.3 del código penal.

 

Así que, su propuesta nos plantea serias dudas sobre lo que pretende y sobre en qué tipo de plan interinstitucional puede acabar.

 

Desde luego, este grupo parlamentario se opone a la fórmula que pretende vender el Partido Popular como salida de la crisis donde la mayoría social sufre las consecuencias con precariedad y pobreza.

 

Por el contrario, es preciso llevar a cabo iniciativas que planteen una salida de la crisis para la mayoría social, recuperando derechos y dignidad.

 

No se trata solo por tanto de fomentar la creación de puestos de trabajo. Nosotros ya hemos expresado al Gobierno Vasco que en nuestra opinión en cuanto a la política de empleo no es suficiente con pretender reducir la tasa de desempleo por debajo de un X%. El que sea.

 

 

Por eso desde Elkarrekin Podemos, hemos presentado una enmienda a la totalidad en la que planteamos cuáles deben ser en nuestra opinión los pilares sobre los que debe sustentarse un Plan de Empleo que va a contar con importantes recursos públicos. Esos pilares son:

1- Crear empleo desde el sector público.

Entendemos que el sector público es en sí mismo la mejor herramienta para la creación de empleo de calidad, y  desde el Gobierno Vasco se tiene la capacidad para maximizar la creación de empleo público. Estamos hablando además de empleo cuya finalidad es la de garantizar servicios públicos necesarios para la población, de manera especial en los sectores más esenciales para la gente (sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, movilidad…) pero también en otro tipo de sectores que pueden generar empleo.

 

Lamentablemente, ya hemos comprobado que ni gobierno ni PP comparten esta opinión. Potenciar al máximo el sector público para generar puestos de trabajo dignos cuya acción afecta directamente a la calidad de vida de las personas: sanidad, educación, servicios sociales. Servicios que, además, permiten a toda la ciudadanía acceder a derechos en condiciones de igualdad.

 

La legislatura pasada una de las leyes que se quedó en el tintero fue precisamente la Ley de Empleo Público Vasco.

 

  1. Redistribuir y racionalizar el empleo existente

En una sociedad cada vez más automatizada, el reparto del trabajo es imprescindible para garantizar un empleo a todas las personas.

Creemos que cualquier plan de empleo hoy en día debe abordar medidas de reparto del trabajo. No puede ser que las horas extras ilegales sigan a la orden del día cuando hay personas sin trabajo.

Las jornadas de trabajo cada vez son más largas y miles de trabajadoras y trabajadores soportan cargas de trabajo desproporcionadas en todos los sectores y actividades, incluidas empresas con buena salud económica.

 

Consideramos que las Administraciones públicas han de liderar la implantación de programas de reparto del trabajo. La dimensión de sus plantillas les permite realizar los ajustes precisos.

 

Creemos que es posible una política que estimule el avance hacia la progresiva aplicación de la jornada laboral de 35 horas sin reducción salarial.

En el caso del sector público además, las 35h son un compromiso con las centrales sindicales que hay que conseguir cumplir.

 

En el sector privado es también posible avanzar en esta dirección a través de medidas de sobra conocidas como las cláusulas sociales en los contratos públicos, el fomento del contrato de relevo, las ayudas condicionadas a empresas y el control estricto de la legalidad en cuanto a jornadas, horas extras etc…pero también a través de nuevas iniciativas.

 

  1. Considerar la calidad del empleo (estabilidad, salarios, jornadas, horarios laborales…) como parte central del plan de empleo.

La falta de calidad en el empleo es una de las peores consecuencias de las reformas laborales del PSOE y del PP. La realidad es que hoy, hay personas que necesitan varios trabajos para llegar a fin de mes. Un tercio de las personas perceptoras de la RGI, trabajan, pero con salarios tan miserables que necesitan ayudas públicas para sobrevivir.

Para nosotros la política de empleo debe garantizar que el empleo tanto existente, como el que se genera sea un empleo de calidad, con condiciones dignas, sin riesgo para la salud, salarios en condiciones etc…

 

 

 

  1. Apoyar a las pequeñas empresas y autónomos para que estén en condiciones de crear empleo. La mayoría de las y los trabajadores del sector privado en nuestro país se encuentran en PYMES, y tenemos una potente población de autónomos. Por lo que por supuesto la política de empleo y los planes de empleo tienen que incidir aquí también de manera especial. Hay que tener en cuenta además que en las pequeñas empresas es donde es más complicado controlar que el empleo sea un empleo de calidad, empresas donde los trabajadores tienen mayores dificultades para organizarse en defensa de sus derechos.

 

Para Elkarrekin Podemos, esos son los pilares en los que se debería basar un plan de empleo. En la iniciativa presentada por el PP y en la propuesta de los grupos que sustentan el gobierno, se nos plantea una iniciativa más genérica. Todos los grupos compartimos que los planes de empleo recojan medidas dirigidas a los colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, jóvenes, mayores de 45 años, mujeres, personas dependientes y parados de larga duración. También las personas con diversidad funcional. Esa no es la divergencia entre su propuesta y la nuestra.

La diferencia de fondo radica en si consideramos como suficiente acción pública, la estimulación del sector privado esperando que las empresas y el mercado hagan el resto. O si por el contrario apostamos por un política  de Empleo que apueste por construir potente tronco público capaz de articular y ser tractor para un país con empleo de calidad y servicios públicos potentes para la ciudadanía.

También consideramos fundamental a la hora de presentar planes de empleo, la participación de los agentes sociales. Estos no aparecen en su iniciativa por ningún lado.

Para nuestro grupo el diálogo con los sindicatos debiera ser piedra angular de las políticas de empleo, atendiendo a sus recomendaciones tanto para la mejora de la calidad del empleo como para la lucha contra el desempleo.

 

Las centrales sindicales representan a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Su representatividad tiene la misma validez democrática que la que tenemos quienes hemos sido elegidos en las elecciones políticas.

 

Con la diferencia de que los representantes sindicales electos han sido elegidos directamente en el ámbito del empleo y por lo tanto son en nuestra opinión los principales expertos en la materia, puesto que defienden intereses de la clase trabajadora y por lo tanto son los principales interesados tanto en la creación de empleo como en la calidad del mismo.

 

 

Para finalizar, en nuestra transacción también pedimos que el Gobierno presente el balance del Plan de Empleo 2014-2016. Un plan que pretendía movilizar 2.314 millones de euros por el empleo. Asimismo, pretendía incentivar 32.000 empleos, mantener 134.000, y dar una primera oportunidad a 23.000 jóvenes.

Por lo tanto, con esas cifras es imprescindible hacer un balance para saber si esos objetivos se han cumplido, y también para discutir si el modelo es útil para lo que se dice defender, o si por el contrario ya es hora de cambiar de modelo.

Consideramos por lo tanto que la propuesta del gobierno es escasa, no propone realizar un balance sobre los últimos planes realizados. Pensamos que es preciso fiscalizar para plantear medidas correctoras si fueran precisas.

 

Igualmente, consideramos que la propuesta del Gobierno donde indica “medidas para promover y favorecer la empleabilidad” es del todo reduccionista ya que la empleabilidad por si sola no proporciona derechos y vida digna a las personas.

 

Es fundamental la atención a los colectivos más vulnerables y con mayores dificultades de inserción laboral, pero no es menos apremiante que esa empleabilidad sea con derechos, de calidad, estable y segura.

 

De lo contrario, se perpetúa y cronifica una situación como la actual con un empleo, en general, precario, temporal e inseguro.

 

Es prioritario plantear actuaciones que permitan la creación de un empleo digno y con derechos. Ese debe ser el reto de este gobierno, transformar lo precario e inseguro en empleo con seguro y con derechos.

 

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