El PSE se ha saltado los derechos de los trabajadores en el servicio de justicia restaurativa de Euskadi.

Durante la comparecencia de la Consejera de Trabajo y Justicia en el Parlamento Vasco, el parlamentario de Ezker Anitza-IU, Jon Hernández, ha recordado al ejecutivo vasco, tal y como viene haciendo en reiterados plenos de control, que “el departamento del PSE se ha saltado la obligación de subrogar los derechos de los trabajadores en el concurso para el servicio de justicia restaurativa dejando en la calle a estas trabajadoras”.

Con motivo de la comparecencia este lunes de la Consejera de trabajo y Justica para dar explicaciones ante las sentencias judiciales que dan la razón a las trabajadoras en su reivindicación de que “el pliego del concurso para el servicio de justicia restaurativa debía haber recogido la obligación de subrogación de los derechos laborales para la empresa adjudicataria”, el parlamentario de Ezker Anitza-IU ha vuelto a acusar al departamento controlado por el Partido Socialista de “maniobrar” para evitar esa subrogación y dejar en la calle a trabajadoras molestas y rebajar las condiciones laborales de otras trabajadoras.

Jon Hernández, ha recordado al Gobierno Vasco, tal y como hizo en ocasiones anteriores, la última el el pleno de control celebrado el pasado 3 de Mayo, que “el departamento de trabajo y justicia no recogió la obligación de subrogar los derechos de los trabajadores en el pliego de condiciones del concurso para el servicio de justicia restaurativa cuando podía hacerlo perfectamente”. Ante lo cual he preguntado insistentemente sin obtener respuesta si “más allá de el GV afirme que no tenía obligación, contradicindio las sentencias judiciales, nosotros le preguntamos “¿si hubieran querido, podían haber incluido las subrogación?”

La Consejera de trabajo y justicia a admitido que no sabía si podían o no haber recogido la subrogación en el concurso y ha instido en afirmar que lo que si saben es que “no tenían obligación”, justo lo contrario de lo que dicen las sentencias de los tribunales que afirman que el Gobierno omitió su obligación de garantizar la subrogación de los derechos de trabajadoras y trabajadores.

Hernández ha destacado que “los convenios colectivos que rigen las condiciones de trabajo de este colectivo recogen la obligación de subrogar sus condiciones en caso de que se adjudique el servicio a una nueva empresa”. El parlamentario de Ezker Anitza-IU ha afirmado que el cambio de nombre del servicio fue utilizado como “excusa” por el departamento para “esquivar su obligación de incluir la subrogación en la nueva adjudicación pero los tribunales han sentenciado que se trata del mismo servicio tal y como le veníamos advirtiendo desde la coalición Elkarrekin Podemos”.

Para el parlamentario de Ezker Anitza-IU “El gobierno podía haber evitado esta situación simplemente introduciendo la obligación de subrogación en el pliego. Era cuestión de voluntad política y no lo hizo”, ha recordado. Hernández mantiene que, de esta manera, “el principio de libre concurrencia se habría respetado, las empresas hubieran concursado en igualdad de condiciones pero se preservarían los derechos de las personas trabajadoras que realizan ahora mismo los trabajos de este servicio”, ha subrayado.

Hernández además ha señalado que no tiene sentido que la Consejera diga que estas trabajadoras llevan años haciendo un buen y eficaz trabajo mientras las deja en la calle pudiendo evitarlo mediante la subrogación. Para el Parlamentario Vasco, “esto solo se puede explicar si lo que se quiere es beneficiar a la nueva adjudicataria para que no tenga que mantener las condiciones de trabajo”.

Finalmente el parlamentario vasco ha acusado al Gobierno de llevar diez años haciendo propaganda sobre “el estupendo modelo vasco de justicia restaurativa” en diferentes sinposios y jornadas nacionales e internacionales, “para ahora argumentar que no tenía que subrogar los derechos de los trabajadores porque afirma que la justicia restaurativa es un nuevo servicio del departamento, mientras que lo que se hacía hasta ahora no era más que mediación judicial”. En este sentido Hernández considera que “se trata solo de una ampliación del mismo servicio a la que le han cambiado el nombre para benefiar a la empresa ganadora del concurso, al no tener esta que mantener las condiciones laborales previas de los y las trabajadoras”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.