Modelo de estado, soberanía y derecho a decidir.

Intervención en las jornadas organizadas por la asociación Gogoan Sestao Elkartea bajo el título «Modelos de estado, soberanía y derecho a decidir» en las que participé junto a Ricard Viragut (Politólogo) y Floren Aoiz (Fundación Iratzar).
Arratsaldeon, buenas tardes.
En primer lugar agradecer a Gogoan Sestao Elkartea por contar con el
Partido Comunista de Euskadi y con EzkerAnitza-IU para este coloquio, porque
realmente creo que en este conjunto de charlas que estáis organizando, la
aportación de la izquierda Federalista y Federal es enriquecedora y puede
aportar una visión concreta al debate. Una visión que es la que tiene una parte
del país, aunque no sea una visión mayoritaria.
Yo voy a comenzar cambiando el orden de los términos que nos proponen para
esta charla para dejarlo en «Soberanía, derecho a decidir y modelo de
estado» porque creo que es el orden cronológico real.
¿Que entiendo por Soberanía, por derecho a decidir y por modelo de estado?
En mi opinión la soberanía es la capacidad de decisión que un un pueblo o
un país tienen sobre el conjunto de todo lo que le afecta y el derecho a
decidir es el ejercicio de esa soberanía sobre todas las cuestiones, entre
ellas la del modelo estado del que se quiere dotar.  No comparto por lo tanto la opinión tan
extendida que reduce el derecho a decidir a una simple decisión sobre la
formación de un estado nuevo, sino que defiendo el derecho a decidir en su
sentido más amplio; derecho a decidir sistema económico, relaciones de
producción, modelo social, cultural, educativo y en definitiva el modelo de
sociedad etc…
Y el modelo de estado tal y como lo entiendo yo, es el conjunto de
características estructurales de las que se dota al estado para poder
desarrollar ese modelo de sociedad, de sistema económico, cultural etc…
Por eso creo que si queremos abordar y hablar de soberanía y derecho a
decidir, tenemos que hacerlo con propuestas concretas sobre el Modelo de Estado
que cada uno defiende. Porque sin propuesta de modelo de estado concreta, el
derecho a decidir y la soberanía son una entelequia.
En ese sentido soy defensor de un modelo de estado concreto, que es además
una propuesta resultado de un trabajo colectivo realizado por el Partido
Comunista y asociaciones y movimientos republicanos de todo el estado. Un
modelo de estado Republicano, federal y solidario.
Estamos hablando de una forma de Estado que garantice los derechos sociales
y de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que proteja los derechos
nacionales y regionales, incluido el derecho a la autodeterminación que
ensanche la participación ciudadana.  La
necesidad de una profunda radicalidad democrática, el respeto a la realidad
plurinacional que conforma España y la igualdad básica de todas las personas,
configuran esa aspiración de una república federal solidaria de orientación
socialista.
Una República Federal al servicio de la mayoría social trabajadora,
sostenida sobre la voluntariedad de esta mayoría social y sobre la
voluntariedad de los pueblos, naciones y regiones que la conformen. Una
República que sea el resultado de un nuevo y realmente democrático proceso
constituyente, es decir el resultado del ejercicio de autodeterminación de la
ciudadanía y los pueblos, compuestos ambos sujetos mayoritariamente por la
clase trabajadora.
Este proyecto de unión libre de la ciudadanía en una república, supone el
desarrollo de un Estado social con fuerte capacidad distributiva.  Un proyecto de convivencia que sólo puede
sustentarse con el desarrollo de un Estado que otorgue fuertes garantías
sociales y proteja las condiciones de vida de todos, especialmente de los más
desfavorecidos: regulación única de salarios mínimos, de derechos laborales, de
garantías sociales en sanidad, educación, pensiones, etc.  El federalismo supone así una distribución de
competencias entre los distintos niveles, de modo que cada uno de ellos tenga
soberanía para el ejercicio de sus competencias propias.
Los pueblos tienen derecho a elegir su manera de gobernarse y relacionarse
con el resto, pero los sujetos de ese derecho son los ciudadanos y ciudadanas
que viven y trabajan en un territorio, con independencia de su origen,
identidad étnica, lingüística y cultural. 
Por ello, esta solución democrática, no puede fundamentar los derechos
políticos y sociales en la identidad nacional, sino en la igualdad básica de
toda la ciudadanía.
Así, el reparto de competencias debe basarse en la consideración de que los
derechos de ciudadanía residen en las personas como sujetos de derechos
políticos colectivos y no por el lugar donde viven.  De ahí que el estado federal que propugnamos
debe proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas un amplio conjunto de derechos
políticos económicos y sociales, con independencia de la nación o región donde
residan, facilitando la generalización de eventuales derechos adicionales. 
Por esta razón, la Constitución de un Estado federal debe contener el
núcleo de derechos públicos, económicos y sociales iguales para toda la
ciudadanía, con independencia de la nación o región donde se resida.
Un Estado federal debe tener el municipio como base principal,
convirtiéndose en su pilar y desarrollando las competencias que permitan
garantizar los servicios sociales básicos. 
El municipio debe convertirse en la administración que regule la
participación popular en la gestión de los servicios.
Seguimos afirmando la necesidad de superar el modelo de “democracia
limitada” que recorre la Constitución española y el Estatuto de Gernika en los
que priman los gobiernos sobre los parlamentos y la sociedad. 
La propuesta pasa por un pacto federal cuyos derechos sociales, ambientales
y la solidaridad interterritorial sea una responsabilidad compartida.  Por eso, defendemos la unidad y gestión
compartida del sistema fiscal, de protección social, de las políticas de lucha
contra la desigualdad, así como la administración y protección de los recursos
naturales compartidos.
Asimismo, los comunistas defendemos la caja única de la Seguridad social,
nos oponemos al sistema de conciertos fiscales y defendemos la definición de
derechos sociales y laborales universales garantizados como mínimo a todas las
personas.  Al mismo tiempo y en aplicación
del principio de subsidiariedad, el partido defiende la potestad recaudatoria y
de gestión en el territorio.  Seguimos
defendiendo el principio de homogeneidad fiscal, de forma que la carga fiscal
depende de los ingresos de cada persona física o jurídica y no del territorio
donde se resida, así como del principio de redistribución equitativa, de modo
que, descontados los gastos federales, cada comunidad reciba la parte
proporcional que le corresponda de acuerdo a criterios objetivos.
El régimen constitucional debe reconocer la deuda democrática contraída con
todas y todos los que sufrieron persecución y fueron represaliados por la
defensa de la legalidad quebrada por la sublevación franquista de 1036, durante
y después de la guerra civil.  La
reivindicación de su memoria y la rehabilitación de todos sus derechos
vulnerados, es una condición necesaria para que pueda superarse la situación de
democracia “otorgada”.
Al mismo tiempo, hemos propuesta la convocatoria de un referéndum, en el
que se decida la forma de Estado y que permita abrir un debate para crear una
asamblea constituyente de la
III República.
Un estado democrático no debe blindar espacios políticos a la
participación, la efectividad y el control por parte de la ciudadanía.  La legitimidad democrática,
de la jefatura del estado no se basa en un derecho de sangre sino en la
voluntad de la ciudadanía libremente expreada a través del voto y su capacidad
para ser revocada.  DE ahí la exigencia
expresada por los y las comunistas de un referéndum que preceda a la reforma
constitucional donde se puede decidir la forma de estado: monarquía o
república.
La república se configura como objetivo estratégico para la presente etapa,
como un proyecto al que hay que llenar de contenido.  Ese contenido debe incluir derechos sociales
garantizados y nuevos instrumentos de participación, mecanismos de rendición de
cuentas y control popular.  Nuestra
propuesta de república con democracia participativa se configura como
alternativa al marco político-constitucional (monarquía parlamentaria) y al
modelo económico (neoliberalismo), con una orientación socialista.  La democracia participativa se inserta así en
nuestra apuesta por la república como un nuevo marco donde desplegar la lucha
de clases desde una correlación de fuerzas más favorable a la clase trabajadora
y los sectores populares.
La actual crisis económica en el estado ha puesto de manifiesto ante la
sociedad las carencias y contradicciones de un modelo surgido en un momento
histórico muy particular, y fuertemente condicionado por los poderes fácticos,
en el que la influencia de la izquierda fue extremadamente limitada en aras a
la salida de la dictadura militar.
No acepto sin embargo la tesis que sitúa al Partido Comunista como
co-artífice del modelo de estado, puesto que si bien las concesiones realizadas
fueron excesivas, y así lo entiende hoyen día el propio PCE, fueron realizadas
no con el objetivo de implantar el actual modelo, sino con con el objetivo de
recuperar libertades fundamentales, como el derecho de manifestación, reunión,
sindicación, libertad ideológica etc… Cuestiones en absoluto menores si nos situamos
en los años finales de la dictadura con la correlación de fuerzas existente y
el peso de un ejército dominado por la cúpula Franquista. Y que en ningún caso,
supusieron una renuncia de los principios del partido, que siempre ha seguido
defendiendo una República Federal al servicio de la clase trabajadora.
El modelo salido de aquella “transición” ha sido el de un estado al
servicio de las oligarquías locales, incluida la oligarquía vasca, sostenido
gracias a un sistema electoral bipartidista apoyado en las burguesías
nacionales como la Vasca o la Catalana, las cuales a pesar de discursos
rupturistas como actualmente en Catalunya, han servido para el mantenimiento de
las políticas neoliberales del PP y del PSOE.
Estos partidos sobre los que se ha sustentado el actual modelo de estado
han sido además responsables del incumplimiento continuado de los principios de
carácter social y destinados a la reducción de las diferencias sociales y de
distribución de la riqueza recogidos en la propia Constitución del 78, y que
han sido papel mojado desde el principio. Así, derecho al trabajo, vivienda o
participación de los poderes públicos en la economía al servicio del interés
general han sido solo retórica frente al cumplimiento real de aquellas partes
de la carta magna destinadas a mantener el Status Quo del capital. El último
capítulo en este sentido fue la reforma de la propia constitución por el PSOE y
PP sin consulta popular, para poner toda la economía del estado al servicio de
la deuda a la banca.
Por concluir, soberanía, derecho a decidir y modelo de estado son tres
términos que tienen que estar rellenos de contenido para servir a la mayoría
social trabajadora. Nosotros ponemos una propuesta concreta ncima de la mesa.

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