Esta semana he tenido la oportunidad de exponer en sede parlamentaria a la Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco una cuestión entre otras, que me parece relevante para mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Se trata de cuatro pilares o características que a mi modo de ver, debería tener la política de empleo y que hoy en día no existen o no son tomadas en cuenta a la hora de elaborar las políticas de empleo en Euskadi.

Estas cuestiones son la creación de nuevo empleo impulsando el sector público como motor del mismo, el reparto del empleo existente, las condiciones de trabajo en el empleo y la relación con las centrales sindicales.

En cuanto a la creación de empleo entendemos que el sector público es en sí mismo la mejor herramienta para la creación de empleo de calidad, y  desde el Gobierno Vasco se tiene la capacidad para maximizar la creación de empleo público. Estamos hablando además de empleo cuya finalidad es la de garantizar servicios públicos necesarios para la población, de manera especial en los sectores más esenciales para la gente (sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, movilidad…) pero también en otro tipo de sectores que pueden generar empleo.

Creemos en una política integral de empleo público, que impulse la maximización planificada de la creación de empleo público.

 

Respecto a la creación de empleo en el sector privado, consideramos que las políticas de estimulación de la creación de empleo tienen un déficit en cuanto al control sobre la calidad del empleo generado. Consideramos que el empleo generado como consecuencia de políticas de estímulo al mismo, tiene que tener garantías de ser empleo en condiciones dignas. Garantías que hoy no existen.

El segundo pilar que proponemos en cuanto a la política de empleo es el del reparto del empleo existente. Se trata de no conformarnos con la creación de nuevo empleo en un país donde las jornadas de trabajo cada vez son más largas y donde miles de trabajadoras y trabajadores soportan cargas de trabajo desproporcionadas en todos los sectores y actividades, incluidas empresas con buena salud económica. En el ámbito privado y también en el público.

Consideramos que las Administraciones públicas han de liderar la implantación de programas de reparto del trabajo. La dimensión de sus plantillas les permite realizar los ajustes precisos.

Creemos que es posible una política que estimule el avance hacia la progresiva aplicación de la jornada laboral de 35 horas sin reducción salarial. Somos conscientes de las dificultades que la cuestión plantea en estos momentos tanto en el sector público (Con la reciente sentencia del TSJPV) como en el privado.

Pero a la vez estamos convencidos de la amplia capacidad del autogobierno para desarrollar este tipo de políticas si hay voluntad para ello.

En el caso del sector público además, las 35h son un compromiso con las centrales sindicales que hay que conseguir cumplir.

En el sector privado es también posible avanzar en esta dirección a través de medidas de sobra conocidas como las cláusulas sociales en los contratos públicos, el fomento del contrato de relevo, las ayudas condicionadas a empresas y el control estricto de la legalidad en cuanto a jornadas, horas extras etc…pero también a través de nuevas iniciativas.

El reparto del empleo debería ser una herramienta fundamental en la lucha contra el desempleo.

El tercer pilar que señalamos para la política de empleo es el de las propias condiciones del empleo. Para nosotros la política de empleo debe garantizar que el empleo tanto existente, como el que se genera sea un empleo de calidad, con condiciones dignas, sin riesgo para la salud, salarios en condiciones etc…

Una buena política de empleo no es solo, en nuestra opinión la que consigue bajar la tasa de desempleo por debajo de un x% por ciento, el que sea. Sino que es aquella que además garantiza que el empleo del país, sea un empleo en condiciones dignas y que sirva para que la gente pueda mantener una vida en condiciones.

 

En cuarto lugar señalar que el diálogo con los sindicatos debiera ser piedra angular de las políticas de empleo, atendiendo a sus recomendaciones tanto para la mejora de la calidad del empleo como para la lucha contra el desempleo.

Las centrales sindicales representan a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Su representatividad tiene la misma validez democrática que la que tenemos quienes hemos sido elegidos en las elecciones políticas. Con la diferencia de que los representantes sindicales electos han sido elegidos directamente en el ámbito del empleo y por lo tanto son en nuestra opinión los principales expertos en la materia, puesto que defienden intereses de la clase trabajadora y por lo tanto son los principales interesados tanto en la creación de empleo como en la calidad del mismo.

Para finalizar señalar que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo debe ser en nuestra opinión una variable transversal  presente en todos los puntos anteriores.

Creemos en la necesidad de planes específicos en los planes de empleo, que articulen una acción integral por la igualdad de género, que involucre a las administraciones, organizaciones sindicales y patronales. Debemos apoyar medidas para la igualdad de género en el empleo para las administraciones y pensamos que se debe incentivar la incorporación de estas medidas en los convenios colectivos.