Las políticas destinadas a las familias o unidades de convivencia han de alejarse de las políticas centradas exclusivamente entorno a dar ayudas económicas en una sociedad caracterizada por una doble desigualdad y una doble explotación.

La desigualdad económico-social, y la desigualdad de género.

Frente a aquellos que pretenden incidir en la natalidad con políticas entorno a cheques regalo o con cestas de recién nacido, otros creemos que solo haciendo una política pública dirigida a cubrir las necesidades y derechos de la gente, podremos abordar realmente la política de apoyo a las familias. Y por tanto abordar también el asunto de la natalidad.

El problema no es que no tengamos hijas e hijos, el problema es que la mayoría de jóvenes no se pueden permitir tenerlos por cuestiones económicas y laborales fundamentalmente.

Por mucho que tengamos ayudas de 400, 500 o 1000 euros por nacimiento de hijos, esa ayuda no soluciona las verdaderas cuestiones por las que no se tienen hijos:

No lo soluciona si no tienes acceso a una vivienda, no lo soluciona si tienes un trabajo en el que no sabes si seguirás dentro de 9 meses, no lo soluciona si sabes que al coger la reducción por cuidado de menor vas a tener problemas en el trabajo, o incluso te van a despedir, no lo soluciona si tus horarios de trabajo son diferentes cada semana y no sabes si podrás recoger a los hijos del cole. No lo soluciona si de 0 a los 3 años no tenemos una red pública y universal en educación.

 

 

La solución pasa por desarrollar una potente política pública y un potente sector público que cubra derechos y necesidades de las familias.

Y desde luego no abordaremos eficazmente una política de apoyo a las familias, si al final todas las medidas que se aprueban acaban siendo absolutamente ineficaces contra una realidad concreta: es la mujer la que concilia o la que directamente acaba asumiendo la práctica totalidad de las labores de reproducción, de cuidados y del hogar.

Por lo tanto que hay que incidir en los derechos laborales, puesto que solo con unas condiciones de trabajo estable, digno y en el que la paternidad o la maternidad no sean tratados como un problema por las empresas, podremos dar seguridad a quien quiera tener descendencia, adoptarla o acogerla.

Y esto no lo podremos hacer mientras las políticas de empleo se limiten simplemente a “fomentar” desde fuera la creación de empleo en un mercado de trabajo caracterizado por un desequilibrio brutal entre empresarios y trabajadores. Incluso aunque consiga el gobierno vasco como se ha propuesto reducir el ejercito de reserva por debajo del 10%.

La gente no se acoge a las ayudas, por la temporalidad y por la necesidad de trabajar jornadas completas porque los salarios son míseros. Por eso y porque en los centros de trabajo se sigue mirando mal a quienes se acogen a medidas de conciliación.

Solo si conseguimos que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales y obligatorios, evitaremos que los empresarios cierren el camino  a las mujeres en la empresa por el hecho de quedarse embarazadas.

Y también si reducimos los horarios de trabajo sin reducción salarial para poder realizar una correcta conciliación de la vida familiar, esta será posible.

Tampoco podemos abordar una política de apoyo a las familias si no hablamos de vivienda. Solo garantizando el derecho a la vivienda digna nuestros jóvenes, y los menos jóvenes se podrán emancipar y pensar en formar nuevos núcleos familiares.

Esto no lo podremos hacer mientras la vivienda siga siendo un objeto de mercado y no un objeto de primera necesidad.

Y solo si educamos a los y las niñas en igualdad  podremos tener un futuro de responsabilidades  compartidas en el hogar. Y esto es imposible de hacer mientras las niñas y niños vean a la salida del cole casi siempre a mujeres en reducción de jornada, y en cambio a su padre como el que vuelve del trabajo al final de la tarde cuando ya han hecho las lanas.

Solo con una educación pública y gratuita desde los 0 años y espacios donde poder atender la infancia, se podrá incrementar la natalidad. Solo con una educación pública y gratuita en la que las familias no tengan que hacer inmensos sacrificios.

Solo incrementando y ampliando la red de atención a las personas de la tercera edad, podremos cubrir las necesidades de su asistencia sin que la misma recaiga como pasa hoy en día fundamentalmente en las mujeres.

 

Estos son algunas de las cuestiones que para nuestra formación son imprescindibles, y todos ellos tienen una raíz común: una mayor implicación desde lo público y un cambio radical en los derechos laborales y sociales.

Mientras algunos claman por rebajas fiscales, nosotros sabemos que para poder cubrir todas estas necesidades hace falta incrementar la presión fiscal, pero a aquellos que más tienen y a las grandes empresas.

Porque solo con una fiscalidad mejor y realmente distributiva se puede garantizar los ingresos suficientes para poder cubrir las atenciones necesarias.

Por ello cuando hablamos de políticas de apoyo a las familias, debemos hablar de política de empleo, debemos hablar de política de vivienda, de política de educación, de política social, de política de atención a la diversidad y de una política absolutamente fundamental en esta cuestión, la política de igualdad.