No se trata solo de condenar execrables casos de corrupción en el Partido que preside el gobierno del Estado, el Partido Popular. Lo cual ya es lo suficientemente grave en nuestra opinión, como para que el Parlamento Vasco se posicionase. Sobre todo, cuando ese Partido ha conseguido aprobar los PGE con el apoyo del principal partido de la cámara vasca y contra la opinión mayoritaria no solo de la sociedad vasca, sino también contra la opinión mayoritaria de ese Parlamento Vasco.

 

Ni tan siquiera se trata solo ya de denunciar y reprobar la corrupción estructural que recorre al Partido Popular a todos los niveles, con cientos de casos graves de corrupción que atraviesan la columna vertebral de su organización. Y por la que han sido condenados importantes altos cargos populares, incluidos todos sus anteriores tesoreros.

La cuestión que traemos a esta cámara hoy, es aún más grave; el Partido Popular ha desarrollado durante décadas toda una trama criminal para sufragar su maquinaria electoral a costa del dinero público. Y de paso se engordan las cuentas particulares de importantes dirigentes populares a lo largo y ancho del Estado.
Esta trama criminal, es una auténtica mafia organizada que ha utilizado su posición privilegiada en diferentes gobiernos a todos los niveles, municipales, autonómicos y también el Gobierno del Estado para llevar a cabo sus actividades delictivas, saqueando lo público para mantener sus redes clientelares, financiar sus campañas electorales y llenar los bolsillos particulares de no pocos chorizos de cuello blanco.
Mediante auto del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de fecha 19 de abril, el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha sido llamado a declarar como testigo por el denominado Caso Gürtel. El próximo 26 de Julio tendrá que declarar nada más y nada menos que el Presidente del Gobierno en un caso de corrupción de su partido.
Según el auto, esta citación se produce por que el Partido Popular, procesado por ese caso “se negó a prestar ninguna declaración respecto de los hechos”.
A raíz de esa citación y de posteriores actuaciones judiciales y de fiscales, hemos entrado en una situación insostenible para Mariano Rajoy y para el Partido Popular en el que cada día aparecen nuevos investigados, detenidos, querellados o procesados relacionados con el Partido Popular o con las empresas corruptoras de estos.
Situación insostenible para Mariano Rajoy y su gobierno si no fuera porque el PNV ha decido suministrarle una bombona de oxígeno política al aprobarle los Presupuestos.
El reciente caso Lezo, uno de tantos casos de corrupción por los que se juzga al PP, ha puesto de manifiesto de manera especialmente visible el uso que el Partido Popular hace de la Fiscalía Anticorrupción y de otras instituciones del Estado para entorpecer las investigaciones abiertas contra su Partido.
Así, se detuvo e ingresó en prisión a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, iniciándose un procedimiento, el llamado Caso Lezo, que afecta a más de 60 personas entre ellas al exministro de Aznar Eduardo Zaplana, al presidente de Inassa, la filial del Canal de Isabel II para Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino o al ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo.
Los encausados lo están siendo por delitos de malversación, organización criminal, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude relacionados con la gestión del Canal de Isabel II.
También ha habido registros y actuaciones contra empresas como la constructora OHL, Indra o PricewaterhouseCoopers y sus directivos como el del conocido empresario Villar Mir o Javier López Madrid, de quienes se investiga si pagaron 1,4 millones de euros en mordidas al Partido Popular en el caso de OHL, o si financiaron al PP con 700.000 euros, en el caso de Indra.

Pero si la corrupción es un hecho gravísimo, los intentos de ocultarla o de dar apoyo a las personas implicadas desde las instituciones y poderes del Estado, es algo que cuestiona los fundamentos mismos del Estado de Derecho y de la arquitectura institucional.
Especialmente alarmante es el uso que el Partido Popular está haciendo de la Fiscalía y de la Fiscalía Anticorrupción, con maniobras para obstaculizar e impedir la actuación de los fiscales encargados de determinadas causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción de su partido.
El desde hace una semana Ex Fiscal Jefe de la oficina Antocorrupción, Manuel Moix, intentó impedir que se prorrogaran las escuchas a los investigados nada más llegar a su cargo en febrero de este año, e intentó además que no tuvieran lugar los registros planteados.
Los fiscales que llevan 18 meses investigando este asunto tuvieron que invocar el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía para convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro.
Moix también ha intentado apartar al fiscal del Caso Lezo, Carlos Iáñez, pidiéndole que renuncie a su plaza en Madrid y vuelva a su puesto en Granada.

Para estas actuaciones Moix ha contado con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza; el mismo que impidió que el Ministerio Público acusara al ex presidente de la región de Murcia Pedro Antonio Sánchez, en contra de la opinión de los fiscales del caso, que sí veían motivos para la imputación. Y el que sustituyó a los fiscales encargados del denominado “caso del tres por ciento”.

Es extremadamente grave que, tal y como figura en los autos, dos de los investigados, Ignacio González y Eduardo Zaplana, intercambiaron mensajes telefónicos en los que aseguran que han hablado con el Ministro de Justicia para colocar en la fiscalía Anticorrupción a un tipo según ellos “serio y bueno que se llama Moix”.
El mismo Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que manda apoyo al delincuente Ignacio González con un mensaje claro; “Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”. Al más puro estilo Mariano Rajoy y su ya indecentemente conocido “se fuerte, Luis” a otro conocido delincuente y ex alto cargo del PP, el señor luis Barcenas.
Ni las actuaciones de la Fiscalía, ni las de los Ministros de Justicia y de Interior, han supuesto ningún reproche por parte de Mariano Rajoy en su eterna actitud de esconder la cabeza como ha hecho desde que es Presidente del Partido Popular y no hacer absolutamente nada para luchar contra la lacra de la corrupción, en la que su partido es el máximo protagonista.
No se trata de un caso más, ni de un caso aislado como le gusta justificarse al PP, esta operación pone de relieve que el PP ha sido protegido por la fiscalía anticorrupción con el ex fiscal Moix al frente, y por la Fiscalía General del Estado con José Manuel Maza al frente de la misma.
El primero ya dimitió la semana pasada después de que se destapase que poseía parte de una empresa ubicada en un paraíso fiscal. Era solo el último capítulo de quién nunca tuvo que ocupar ese cargo. Un jefe de la fiscalía anticorrupción que ha estado al servicio del Partido más corrupto de Europa. Un hombre considerado por Ignacio González como «uno de los suyos» en la famosa conversación telefónica con el exministro Eduardo Zaplana.

Parece que lo más grave en el caso del señor Moix es que tuviera una empresa en Panamá, que es muy grave, pero hay algo todavía peor y es que dos presuntos delincuentes, el señor Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, y el señor Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, actualmente en la cárcel, digan en una conversación grabada que Moix es el fiscal anticorrupción que necesitan para protegerles.
Una conversación que le constaba al fiscal general del Estado, al señor Maza, porque la Unión Progresista de Fiscales y otros fiscales le hicieron saber que existía ese pinchazo y esa conversación. Estamos ante una violación flagrante de la división de poderes con objetivos partidistas y delictivos.
Jose Manuel Maza es responsable entre otras cosas del nombramiento de Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción, y responsable también de convertir la Fiscalía Anticorrupción en Fiscalía «pro corrupción» al ser evidente que son los corruptos «los que ponen a los fiscales, con la complicidad del Fiscal General del Estado».
Hablamos del uso de instituciones públicas y de ministerios para proteger a delincuentes, para proteger a corruptos; hablamos del uso del Ministerio de Justicia, de quien ha dependido en última instancia el nombramiento de Moix que ha sido forzado a dimitir, pero que en última instancia, ha revelado ser una pieza en una trama más compleja.
La estrategia del PP ante los enjuiciamientos por corrupción es utilizar su situación en el gobierno para usar la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado para protegerse.

Hay quien dice que el PP, cuando le va mal en un juicio, no cambia de abogado, cambia de juez, y creemos que eso es algo que está pasando de verdad; recientemente, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, donde están ocupando posiciones estratégicas algunos magistrados recusados en el pasado por su cercanía al PP.
Hasta 2016 se contaban más de 800 cargos del Partido Popular imputados en 31 casos de corrupción. La Gürtel, Barcenas, Bankia, Brugal, Acuamed o la Púnica son solo algunos de los más conocidos, a los que se han ido sumando nuevos casos, como la mencionada Operación Lezo.

El propio Partido Popular ha sido imputado por borrar hasta 35 veces los discos duros de los portátiles que utilizaba su extesorero Luis Bárcenas en los que, según este, se almacenaban documentos que acreditaban la contabilidad en B del partido. Eso le supuso el honor de ser el primer partido imputado en democracia.

Hablamos de una organización criminal. Y no lo digo yo, lo ha dicho la Guardia Civil.

Es un partido imputado por financiación ilegal, definido como organización criminal, que tiene ex dirigentes detenidos, cazados o dimitidos por defraudar, malversar o mentir, y a cargos acusados de homicidio imprudente. Es un gobierno que censura, coacciona, encubre, desampara, maltrata y engaña. Son un peligro público, una amenaza social. Las cosas como son.
Gómez de la Serna, Arístegui, Taula, Aznar, Rato, Rita, Ignacio González, el PP de Valencia y el de Aguirre, el alcalde de Granada y su concejala de urbanismo, la mujer de Arias Cañete, el ministro Soria. No hay UDEF para tanto chorizo.
Por eso el Partido Popular ha ido colocando las piezas del ajedrez en puestos claves de la judicatura con el objetivo de controlar y tratar de paliar los previsibles efectos negativos que tendrá la cascada de casos de corrupción que salpican a esta formación, que aún se están investigando y sobre los que se seguirán sucediendo las vistas orales en diferentes tribunales en los próximos meses.

Desde que registramos esta iniciativa a principios de Mayo hasta el día de hoy, se han multiplicado las noticias que avalan las acusaciones y opiniones que estamos defendiendo y que hacen inaceptable el mantenimiento del PP y de Mariano Rajoy al frente del Gobierno del Estado.
La aritmética parlamentaria hace posible que este partido corrupto y que utiliza las instituciones de manera partidista para protegerse de la justicia, llegase al Gobierno.

Pero en estos momentos solo se sostiene en él gracias a los apoyos conseguidos para aprobar los PGE. Y es especialmente sangrante en nuestra tierra, que lo haga gracias al apoyo del PNV.
Como se puede estando de acuerdo en definir al PP como un partido corrupto y que utiliza además las instituciones a su antojo para obstaculizar la justicia en su propio beneficio… apoyarle en cambio para sacar adelante unos PGE sin los que tendría absolutamente complicada su situación, y su continuidad al frente del gobierno.

Tenemos además dentro de unos días una oportunidad extraordinaria para respaldar con contundencia el texto con el que hoy el Parlamento Vasco debería subrayar el carácter corrupto del Partido en el Gobierno.
Una oportunidad en forma de moción de censura para apartar del Gobierno a este Partido que no duda en utilizar instituciones como el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía anticorrupción a su antojo para escapar de la acción de la justicia ante los graves delitos cometidos.