Los PGE para 2017 presentados por el Gobierno del PP vuelven a priorizar una drástica reducción del déficit público sobre el resto de objetivos de política económica, entre ellos, la creación de empleo y la calidad del mismo. España, de la mano del gobierno del PP ha sido durante los últimos años la campeona del ajuste fiscal y presupuestario de la UE. Lo que ayuda a entender por qué sigue manteniendo la segunda tasa de paro más alta de la zona euro.

 

El gobierno del PP se ha centrado en reducir el déficit público a base de recortar, desmantelar lo público y devaluar las condiciones laborales. Con estos PGE, el gobierno se reafirma en esta prioridad política. Y quien ahora respalda los mismos, el PNV, colabora con su apoyo a que se afiancen las consecuencias de las políticas del PP de los últimos años.

Gracias a estas políticas, España es uno de los países europeos donde más han aumentado las desigualdades desde el inicio de la crisis, hasta situarse entre los niveles más elevados de inequidad, pobreza y exclusión social en el marco de la UE. Mientras que el Índice de Gini se ha mantenido estable en los países de la Eurozona, en un valor en torno a 30, en España ha pasado del 31,9 al 34,6 en los últimos años, uno de los valores más elevados de nuestro entorno. España es uno de los países de la UE donde la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas, y no deja de crecer.

Hoy, tener un trabajo en España ya no es condición suficiente para escapar de la pobreza, puesto que casi el 15% de los trabajadores está en dicha situación como consecuencia de la fuerte precariedad y la mala calidad del empleo. La erosión del Estado de Bienestar derivada de las políticas de recortes en los PGE explica esta situación. España, de acuerdo a los datos más recientes de Eurostat, mantiene un déficit estructural con la Eurozona en protección social cercano al 5% del PIB. En vez de  reducir las desigualdades, erradicar la pobreza y la exclusión social, estos PGE se empeñan en reducir el déficit público a costa de aumentar el déficit social.

Otro año más los recortes vuelven a producirse con unos PGE anti sociales a los que ya nos tiene acostumbrados el PP. La novedad con los años anteriores será el apoyo del PNV a los mismos. Algo que negaba el principal partido del gobierno vasco hasta hace cuatro días, acusándonos casi casi de ver fantasmas. Pues bien: El PNV no solo ha acabado entendiéndose con el PP, sino que ha acabado siendo la bomba de oxigeno que tanto necesitaba el ejecutivo de Mariano Rajoy para resistir en un momento en que sin mayoría suficiente y asolado por la corrupción brutal de su partido, no hubiera podido resistir mucho más.

Los PGE presentados para 2017 no revierten ninguno de los recortes realizados durante los peores años de austeridad, al contrario, son los presupuestos de la consolidación de todos los recortes producidos desde la llegada del PP al gobierno.

Los PGE para 2017 incluyen recortes importantes respecto a lo presupuestado en 2016 en todas las materias. La única política de gasto que se incrementa de manera significativa en estos PGE ha sido Defensa, con un sorprendente incremento del 32,1% respecto a 2011.

Además hay una ausencia total de planes para impulsar la sostenibilidad y la rápida reducción de las emisiones contaminantes.  El Programa de Prevención de la Contaminación y Actuación contra el Cambio Climático es uno de los que mayores recortes a sufrido. Lo más preocupante es que estos recortes se hacen en Servicios Públicos Fundamentales, es decir, en Educación, Sanidad, Vivienda y Medio Ambiente entre otros.

En términos de ingresos, los PGE presentados son el resultado de una de las peores políticas en materia tributaria que ha vivido España en mucho tiempo. Además de mermar la capacidad recaudatoria del Estado y por ende, la capacidad de financiar Servicios Públicos Fundamentales, la política tributaria del PP ha generado una estructura tributaria más injusta y menos progresiva.

La participación de los ingresos tributarios se ha modificado de manera regresiva incrementando la participación de los impuestos indirectos y reduciendo la de los directos. Se ha reducido la imposición sobre el capital y se ha mantenido la del trabajo. Cada vez pagan más los trabajadores y menos los capitales.

Las consecuencias de todas estas decisiones sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la población son dramáticas, y apoyar esos presupuestos es apoyar esas decisiones. La política de austeridad extrema ha causado que en 2017 el PIB per cápita sea todavía inferior al de 2007.

Mientras que durante la crisis en países como Alemania o Francia la productividad cayó porque caía la producción pero se mantenía el trabajo, en España ha crecido por la enorme y anormal destrucción de empleo y por la precarización del mismo.

En enero de 2012, primer año de gobierno del PP, la duración media de los contratos era de 66 días. En marzo del 2017 la duración media es de 54 días. La tasa de temporalidad en enero de 2012 era del 19,%, y en el último trimestre de 2016 era del 22%. La principal fuente de crecimiento de la productividad se hace a costa de los trabajadores: Estos presupuestos traen más explotación y precariedad sin resolver el problema del desempleo estructural.

Además es irresponsable la bajada de inversión pública que recogen los PGE y, en particular, el impacto territorial de la misma. Las inversiones totales para 2017 se han reducido con respecto al 2016 un 2,6% o un 59% respecto al 2009. Algunas bajadas a nivel autonómico llegan al 30% de Navarra y el 80% de Asturias.

Apoyar esos presupuestos también es colaborar a mantener esta situación.

Los PGE perpetúan la brecha social generada por las políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial; y evitan generar nuevos paradigmas de crecimiento más inclusivo, más justo y más verde.

Los PGE impiden trasladar las ventajas del crecimiento a la mayoría social, asegurando que estas se queden en manos de unos pocos.

En lugar de rebajar el déficit público impulsando el crecimiento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la colaboración ahora del PNV, propone congelar nuevamente el gasto público y abordar los ingresos aumentando la inflación, pero sin compensar de sus efectos a los colectivos más vulnerables (pensionistas, personas en desempleo, dependientes, estudiantes becados, etc.) y a los empleados públicos, que verán cómo sus salarios pierden poder adquisitivo nuevamente.

Asimismo, el Gobierno ha elaborado unos presupuestos que no sirven para aumentar los ingresos del sistema público de pensiones.

En una situación con más de 3,7 millones de personas en paro, una cobertura del 56% y una tasa de desempleo de larga duración del 57,3%, el Gobierno recorta el gasto en políticas de empleo un 4,8% respecto al 2016; debilita el papel de los Servicios Públicos de Empleo y olvida la necesidad de mejorar la empleabilidad e inserción de las personas en desempleo.

Los PGE impiden cerrar la página de los recortes, perpetuando una situación de desigualdad injusta que afecta a millones de personas a las que se les niega un futuro digno. Millones de personas que tienen que ver sin embargo cada día en sus televisores el desfile de corrupción, latrocinio y saqueo de las arcas públicas que se produce por parte de corruptores y corruptos.

Quienes diseñan estos PGE, pertenecen a un partido carcomido por la corrupción de manera estructural y envuelto en cientos de casos de corrupción. Y quienes los respalden, son cómplices de mantener en el poder a este partido. De manera especial, debemos recordar en este parlamento que el PP a pesar de no contar con mayoría en el congreso de los diputados, mantiene sus políticas re centralizadoras y su concepción de España negadora de una realidad plurinacional.

No es momento de apuntalar al PP, sino de aprovechar su debilidad parlamentaria en Madrid para propiciar cambios también en un modelo de Estado, el surgido de la transición, que se demuestra agotado o inútil para resolver los problemas fundamentales de la gente y de los pueblos.

Debemos rechazar desde el Parlamento Vasco unos presupuestos al servicio de las élites, contra la clase trabajadora, los pensionistas y las personas en desempleo. Unos presupuestos que están construidos para lograr el objetivo del déficit metiendo la tijera al gasto social, los salarios, empleos públicos y pensiones, así como a la calidad de la educación, sanidad, servicios públicos y sociales.

Solicitemos desde esta cámara el rechazo de los presupuestos generales del Estado a las fuerzas de la oposición en el congreso, pues cuentan con mayoría suficiente para tumbarlos y empezar a revertir las políticas del PP.

 

El pacto por el cual el PNV va a poyar los presupuestos del PP es infumable: supone avalar la corrupción, los recortes y la posición del PP en Cataluña.

Una de las palabras más utilizadas para “bendecir” este pacto es la de “estabilidad”, desde Rajoy a Urkullu, Erkoreka, Montoro, Junker … efectivamente, se le está dando estabilidad a:

– A la corrupción estructural del PP.

– A la reforma laboral, que ha destruido miles de empleos de calidad en Euskadi, y los ha sustituido por precariedad, temporalidad, exclusión de las mujeres del mundo laboral, fin de la negociación colectiva. Todo el poder para la patronal.

– Al recorte de las pensiones, que sólo en lo que vamos de año ha provocado una pérdida de poder adquisitivo de las mismas de un 3%.

– A la falta de reposición del funcionariado, imprescindible para un buen funcionamiento de los servicios públicos como educación u Osakidetza.

– Al recorte de la financiación de la Ley de Dependencia, imprescindible para que las personas en Euskadi puedan tener una atención de calidad en situaciones de dependencia y que esos cuidados no sigan recayendo en las mujeres como siempre.

– A la LOMCE, que supone una vuelta a un sistema segregador y elitista.

– A la Ley Mordaza, que recorta ibertades civilies con el propósito de cerrar la boca a quien protesta.

Esta es la estabilidad que el PNV está dando al PP, estabilidad que tiene consecuencias en Euskadi, por mucho que el PNV pretenda “vender” las bondades del acuerdo. El PNV llora por las imposiciones de Madrid y Bruselas, pero luego se erige en el mejor sostén de los responsables de las mismas.