No vamos a negar que el sistema público de pensiones tiene problemas por el alto desempleo y las bajas cotizaciones. Pero también debido a las reformas realizadas en los últimos años destinadas precisamente a debilitarlo de manera intencionada.

La Reforma Laboral de 2010 del Gobierno de Zapatero que abarató y facilitó el despido para contentar a Bruselas y la todavía más virulenta reforma del Gobierno de Rajoy del año 2012 que trajo como consecuencia altos niveles de paro, bajos salarios, precariedad laboral masiva y contratación abusiva, contribuyeron decisivamente al déficit de la Seguridad Social:

las cotizaciones no cubren los gastos y el gobierno  ha recurrido de manera sistemática a vaciar el  denominado Fondo de Reserva de las Pensiones.

La disminución de los ingresos por cotizaciones es una consecuencia lógica de la disminución de cotizaciones por las  altas tasas desempleo, de las mayores de Europa, y a la baja calidad de los que se crean. Es obvio que la baja calidad del empleo con salarios bajos produce bajas cotizaciones.

Otro factor que contribuye decisivamente a esta tendencia negativa es la alta tasa de temporalidad ligada principalmente al sector servicios pero también al resto de sectores que no se escapan a este tipo de contratación.

Pero también a la bajada de ingresos en la Seguridad Social han contribuido algunas medidas de los gobiernos en forma de  “ventajas” al empresariado: bonificaciones, tarifas planas, etc. Medidas que se venden políticamente como ayudas a la contratación y que también salen de la “hucha de las pensiones”.

Unas medidas que se tomaban paradójicamente a la vez que se aprobaba unilateralmente la Ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones, es decir se aprobaba  que las pensiones podían subir menos que el IPC anual y se hacía además haciendo saltar por los aires el propio Pacto de Toledo.

Todo ello previa campaña brutal de agitación y propaganda en los medios de comunicación de cara a desprestigiar las pensiones públicas y a extender el miedo entre las personas trabajadoras ante una supuesta inviabilidad futura del sistema público de pensiones.

El Fondo de Reserva de las Pensiones superaba los 66.000 millones de euros en el año 2011 como consecuencia del superávit de la Seguridad Social. Cantidad suficiente para  asegurar unas pensiones actualizadas con arreglo al IPC anual.

En 2.015 el déficit de la Seguridad Social por cotizaciones alcanzaba los 16.707 millones de euros y actualmente el Fondo de Reserva de las Pensiones ha bajado de los 66.815 millones de 2011 a  los 15.915 millones en el 2016.

Esto pone claramente en riesgo la calidad y el futuro mismo de estas prestaciones. Una estrategia que conecta con la visión neoliberal de las pensiones como unas prestaciones que deben asegurarse los trabajadores y trabajadoras acudiendo a las entidades privadas (bancos y aseguradoras) que ven en ello un gigantesco negocio de futuro.

La solución pasa obviamente por corregir esta situación aumentando los ingresos del sistema público de pensiones, estableciendo si es necesario nuevas fuentes de financiación a través de los presupuestos públicos e impidiendo que el Gobierno pueda disponer arbitrariamente de cantidades del Fondo de reserva.

Y por supuesto derogando una reforma laboral que trae como consecuencia precariedad, desempleo y bajos salarios y por tanto bajada de ingresos por cotización.

Sólo con la creación de empleo estable y de calidad y abandonando el mantra de que el desarrollo y la salida de la crisis se tiene que basar en salarios de miseria será posible reconducir esta peligrosa tendencia que pone en peligro el presente y el futuro de las pensiones.

Se ha demostrado en los últimos años que la recuperación económica no es posible con una mayoría social empobrecida, con bajos salarios que no consume y que produce directamente más desempleo y cierre de empresas en un bucle dramático. Algo que comienza a reconocer incluso el BCE.

La dignificación de las pensiones debiera pasar por lo tanto por una mejora del sistema de pensiones en esta dirección: La mejora de las condiciones de trabajo y el aumento de los salarios.

Y en ese sentido trabajamos los partidos de nuestra coalición en diferentes ámbitos incluido como no puede ser de otra forma en el ámbito institucional del Congreso de los Diputados, allí donde ahora mismo hay mayorías suficientes que podrían empujar hacia los cambios necesarios para garantizar unas pensiones dignas revertiendo las modificaciones impulsadas por la troika en los últimos años.

Pero también en el parlamento vasco debemos batallar por la mejora de las condiciones de las y los pensionistas dentro de las competencias que tenemos en Euskadi. Este es el segundo objetivo de nuestra iniciativa al que me refería al principio.

Ahora mismo la realidad es que de las 9.417.724 pensiones del conjunto del Estado, el 50% está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, en el caso de nuestra comunidad el 35,67% de las pensiones están por debajo de ese SMI. Se trata de un porcentaje muy elevado por mucho que este por debajo del porcentaje estatal.

Entre los que cobran pensiones por debajo del salario mínimo, siete de cada diez son mujeres, lo que se explica, principalmente, por las referidas pensiones de viudedad, percibidas casi en su totalidad por mujeres.

El 70 % de las las pensiones están por debajo de los 1.000 euros en el conjunto del Estado siendo en nuestro caso una de cada dos, un porcentaje alto también por lo tanto.

Es evidente por esta razónque debemos actuar sobre los ingresos de las personas pensionistas. Y lo más lógico parece que es haciéndolo a través de una herramienta que ya se utiliza para esto, la RGI como complemento a los ingresos de los pensionistas.

Además creemos que es necesario ser coherentes y seguir planteando la eliminación de la reducción del 7% establecida en la disposición adicional sexta del proyecto de presupuestos para garantizar la adecuada cobertura a las y los pensionistas que cobren complementos a través de la RGI.

Esta reducción del 7% jamás debió darse, pero desde luego no puede mantenerse más tiempo mientras a la vez se le dice a la gente que ya hemos superado la crisis y que Euskadi remonta.

Este recorte afecta sobre todo a quienes más necesitan la cobertura de las instituciones públicas y por ello desde nuestra coalición no nos cansaremos de reclamar su eliminación mientras haya grupos que planteamos alternativas fiscales para recaudar más de los que más tienen.

Y por supuesto si estamos hablando de la RGI seguimos insistiendo en incrementar las cuantías de la RGI un 8%, tomando como referente la subida del SMI tal y como venía haciéndose en cumplimiento de la ley.

No es de recibo lo que se está haciendo con esta cuestión. La subida de esta prestación está vinculada por ley a un índice concreto, en este caso el SMI. Cuando este índice sube por una vez, por una vez más de lo habitual, entonces no nos vale y cambiamos el índice al que agarrarnos.

A eso se le llama cambiar las reglas a mitad del partido. Y estamos hablando de una cosa muy seria que afecta a quienes peor lo pasan en nuestro país, incluidos entre ellos las personas con las pensiones más bajas.

Con estas medidas es posible mejorar considerablemente la vida de las mujeres y hombres que soportan las pensiones más bajas en la CAV sin renunciar en ningún momento a la defensa y reforzamiento del sistema público de pensiones.