La legislación laboral ha sufrido regresivas transformaciones a través de las últimas reformas de 2010 (PSOE) y 2012 (PP). Transformaciones que persiguen un objetivo:  reducir el gasto en mano de obra mediante la sustitución de trabajadores indefinidos y con condiciones “aceptables”, por trabajadores temporales en condiciones más precarias.  Quienes idean estas políticas saben que para implantarlas necesitan acabar con las fuerzas de resistencia que suponen los sindicatos y de manera especial con su capacidad de maniobra en la negociación colectiva. Por eso, uno de los objetivos de esas reformas era atacar a las herramientas de las que disponen los trabajadores para  organizarse. Herramientas necesarias para equilibrar la correlación de fuerzas frente a la patronal y poder así defender derechos laborales, y conquistar nuevos derechos. Por eso también, de forma paralela a estas reformas, conocimos auténticas campañas de desprestigio de los sindicatos como en los tiempos más oscuros de nuestra historia, y se comenzó una autentica persecución contra sindicalistas por ejercer derechos fundamentales como el de huelga.

Ambas reformas han dado como resultado un modelo de relaciones laborales absolutamente desequilibrado y favorable a la patronal, que ha instaurado el miedo ante la facilidad de un despido que no sólo se ha abaratado y subvencionado, sino que se ha liberado en gran medida de trabas administrativas y tutelas judiciales.  Si no estás a gusto, hay una cola esperando por tu puesto de trabajo. El viejo chantaje sobre la base del ejército de reserva del que hablará Carlos Marx, y sobre el cual se coarta la libertad más básica en los centros de trabajo. Un modelo de relaciones laborales que no concibe el equilibrio entre partes, favoreciendo la decisión del empresario y la interlocución individualizada.

Como resultado de estas reformas, el 90% del empleo que se genera es precario y temporal, y miles de trabajadores son empujados a la condición de falsos autónomos. Se ha facilitado a los empresarios aumentar beneficios a costa de derechos laborales, y se están disparando los niveles de desigualdad y pobreza. Las consecuencias no pueden ser más nefastas para las mujeres y hombres trabajadores.

La patronal en cambio se encuentra en una situación inmejorable, con una legislación que le permite tomar todas las decisiones y tener la última palabra. La pérdida de ultra actividad indefinida de los convenios es una espada de Damocles sobre los trabajadores cuando están negociando. Si no se llega a un acuerdo, los trabajadores pierden sus derechos. La patronal sabe que puede chantajear a los trabajadores. Sabe que o aceptan lo que la patronal propone o se ven abocados a peores condiciones.

A la patronal más corrupta de Europa, se la premia con una de las legislaciones más favorables para imponerse sobre una de las clases trabajadoras más castigadas por la crisis que el propio capitalismo provocó.  Patronal que tiene en la cárcel a varios de sus más ilustres representantes. Entre ellos quién fuera presidente de la CEOE, de la que forma parte la patronal vasca, la cual está muy cómoda con esta situación. La Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, se ha manifestado en varias ocasiones sobre las duras críticas que por parte de Confebask reciben aquellos magistrados que aplicando la lógica jurídica y la defensa de los derechos fundamentales, dictan sentencias que limitan o anulan aspectos de las reformas laborales.

No hay democracia en un sistema en el que quienes no tenemos otra forma de subsistencia que trabajar para otros, no tenemos capacidad para negociar esas condiciones. La legislación laboral actual está al servicio de una de las partes. Mantener una equidistancia entre agentes sociales para que en este terreno de juego se pongan de acuerdo, es ponerse del lado de la patronal porque las reglas para esa negociación están a su favor.

El Gobierno Vasco en cambio si toma partido claramente de manera cotidiana, con continuas alabanzas a la patronal y hostilidad hacia los sindicatos cuando dicen algo que no comparte. Por eso los políticos de izquierda no podemos ser equidistantes, debemos tomar partido claramente por la clase trabajadora y no quedarnos en los manidos llamamientos al entendimiento de las partes: patronal y sindicatos.