Esta iniciativa además de ser una vieja y necesaria reivindicación de asociaciones de afectados y sindicatos de clase, es el resultado de los trabajos realizados en el seno de la Ponencia sobre la creación de un fondo de compensación a las víctimas del Amianto. Iniciativa que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos para su remisión a cortes.

Mi compañero Mikel Arana, estaba presente cuando arrancó la Ponencia en la IX legislatura en el año 2012. Es un tema por lo tanto que viene de lejos.

La lucha contra el Amianto y sus consecuencias y por los derechos de los afectados. Se trata de una vieja reivindicación política, social y sindical de la que participamos hace años.

Primero buscando la prohibición del Amianto y otros materiales altamente peligrosos para la salud, lo cual en la UE no llego de manera total hasta el año 2005, fecha muy tardía teniendo en cuenta que los primeros estudios concluyentes que realizó la CE sobre los perjuicios para la salud del fibrocemento, mezcla de cemento y amianto, se remontan a 1977. En España se prohíbe totalmente la utilización del amianto en  2001. Prohibición que no erradicación.

La lucha siguió por tanto tras la prohibición formal del Amianto, por su erradicación y por el establecimiento de derechos para los afectados por el Amianto. Todavía queda mucho por hacer en estos dos campos a pesar de las iniciativas aprobadas en las instituciones, muchas de las cuales de momento son por desgracia papel mojado.

Mi compañera, la europarlamentaria Paloma Lopez fue parte impulsora en el Parlamento Europeo de una iniciativa en el año 2015 apremiando a la Comisión Europea a incluir la lucha contra el amianto en la estrategia de salud y seguridad comunitaria, así como a la creación y financiación de un programa que elimine este material de los edificios públicos y privados dentro de la Unión Europea.

 

También hemos preguntado en Europa por la posibilidad de la creación de este mismo fondo a nivel de la UE y se nos ha respondido que eso es cosa de los Estados.

 

Hemos planteando diferentes iniciativas en todo el Estado para eliminar de una vez por todas este material, así hemos presentado recientemente en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso iniciativas para la elaboración y aprobación de planes de Eliminación de las Conducciones de Agua Potable de fibrocemento.

La Encuesta Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España de 2012 estima la longitud de las redes de abastecimiento de nuestro país en 150.000 km, de los cuales aproximadamente unos 40.000 podrían estar construidos a base de fibrocemento.

Tal y como afirma la diputada de Izquierda Unida, Eva García Sempere, “la posibilidad de que estemos consumiendo agua contaminada por amianto existe y es real. Lo que no sabemos es exactamente dónde, aunque parece que este tipo de conducciones son más comunes en los núcleos urbanos más pequeños”.

Hemos denunciado que “a pesar de la prohibición total, en el conjunto del Estado quedan millones de toneladas de amianto que suponen riesgo para la salud”.

La directiva europea 2003/18/CE prohíbe los usos y comercialización del Amianto y se marca su sustitución por otros materiales dada su potencial peligrosidad en el tiempo. Es evidente que esta directiva no se cumple. Si la directiva versase sobre recortar derechos a los trabajadores, ya estaría aplicada completamente hace más de una década.

En marzo del 2013 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que alertaba no sólo de la prohibición  sino también “del desmontaje de dichas redes de agua”. Pero ahí siguen cuatro años después.

En Euskadi se han aprobado desde hace años iniciativas para acabar con el Amianto en nuestro entorno. Pero no se cumplen tampoco. No se completa por ejemplo el mapa de Amianto en los municipios, lo cual fue aprobado por este parlamento hace ya quince años.

Queda por lo tanto, como decía mucho por hacer en esta pelea. Nuestra coalición se ha comprometido a trabajar para que esta iniciativa esta vez llegue a buen puerto y así se lo hemos hecho saber a nuestros compañeros en el Congreso para que su compromiso sea total con la misma y más pronto que tarde se ponga en marcha el fondo para la indemnización de las víctimas del Amianto.

Una parte importantísima de estas víctimas del Amianto son trabajadoras y trabajadores afectados en el transcurso de su actividad laboral. Por eso no podemos dejar pasar la oportunidad para reivindicar la importancia que debería tener la cuestión de las enfermedades profesionales en las políticas de empleo del Gobierno Vasco.

Hacer visibles las enfermedades profesionales debe ser uno de los mayores retos preventivos de los defensores de la sanidad pública y la salud en el empleo.

A diferencia del accidente de trabajo, las enfermedades profesionales no se producen instantáneamente. Algunas, como el cáncer, la silicosis, la asbestosis…, aparecen décadas más tarde de la exposición laboral, favoreciendo su invisibilidad. Mientras en Alemania el 14% de los canceres se reconocen como enfermedad profesional, aquí no llegamos al 1% con una legislación similar.

 

Con la aprobación del RD 1299/2006 sobre el nuevo sistema de declaración de enfermedades profesionales, algunos pensaron que éstas aflorarían automáticamente, olvidando que su gestión y pago pasaba a las Mutuas, entidades experimentadas en ahorrar a la hora de pagar a los trabajadores y especialistas en lavar las responsabilidades de los empresarios.

Por otro lado, el reconocimiento de las enfermedades profesionales, mejora la gestión económica de Osakidetza, al verse obligadas las Mutuas a correr con dichos gastos sanitarios. Sin olvidar que su reconocimiento beneficia las prestaciones económicas del trabajador enfermo y su familia y pone al descubierto los déficits preventivos de las empresas. Reclamar la reparación del daño generado a los trabajadores enfermos ayuda a mejorar la prevención y protección de la salud, es una tarea que deberían garantizar las instituciones.

 

Ahorraríamos por lo tanto mucho dinero a la administración pública vasca si actuásemos con contundencia en este campo de detección de las enfermedades profesionales.

Y sobre todo podríamos actuar a tiempo, tal y como no se hizo en su día con el Amianto. Hoy podemos impulsar esta iniciativa importantísima para las victimas y afectados, pero no podemos recuperar ya las vidas perdidas ni hacer desaparecer las enfermedades contraídas.

Pero si podemos evitar nuevas afecciones, no solo del Amianto sino de diversidad de riesgos a los que se exponen las y los trabajadores.